MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Salud Mental España ha lanzado una campaña para concienciar sobre las vulneraciones de derechos a los que se enfrentan las personas con problemas de salud mental, especialmente en el ámbito sociosanitario, y reivindica la libertad de decisión y de participación en su tratamiento.
La campaña 'DerechoANuestrosDerechos', financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuenta con un vídeo en el que se explica cuáles son las principales vulneraciones en este ámbito, todo ello con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra este martes.
Entre estas vulneraciones se encuentran la falta de información, el derecho a tomar decisiones sobre la propia salud y el tratamiento, la falta de alternativas terapéuticas o de acceso a recursos, la importancia de la Planificación Anticipada de Decisiones (PAD) o la falta de credibilidad en el relato de las personas con problemas de salud mental.
Además, se insta a estas personas a que no normalicen la vulneración de sus derechos, algo que "sufren habitualmente", por lo que les han invitado a conocerlos y reivindicarlos, pues "todas las personas tienen derecho a recibir una atención sociosanitaria basada en la información, el consentimiento libre e informado, la autonomía y la participación".
A pesar de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge todo ello, en torno al 30 por ciento de los pacientes diagnosticados con algún problema de salud mental considera que en alguna ocasión se ha vulnerado su autonomía o poder de toma de decisión, según el estudio 'La situación de la salud mental en España', de 2023.
Casi un 60 por ciento también considera que no ha participado activamente en el diseño de su programa de atención, mientras que tan solo un 7 por ciento participa en un plan individualizado de atención, y un 8,2 por ciento participa de forma activa en la toma de decisiones sobre su tratamiento farmacológico.
Cabe destacar que un 40,3 por ciento de estas personas considera que no ha recibido información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno, y un 46,3 por ciento de los que están tomando psicofármacos afirman no haber recibido información adecuada sobre los efectos secundarios de los mismos.
El responsable del Servicio de Información de la Confederación y trabajador social, José Luis Méndez, ha reflexionado sobre lo "curioso" que es que la mayoría de este tipo de vulneraciones se produzca en este ámbito, en el que "se debería velar por acompañar y proteger a las personas con problemas de salud mental".
"Especialmente llamativa es la falta de credibilidad que tienen las personas con problemas de salud mental cuando acuden a los centros de atención sanitaria para exponer dolencias físicas, que posteriormente son contrastadas con pruebas diagnósticas (si esa persona tiene suerte de que puedan llegar a realizárselas). No se les tiene en cuenta a la hora de valorar una situación en la que, si no hubiese un diagnóstico psiquiátrico de por medio, sería evidente el proceso a seguir", ha añadido.
Es por ello por lo que la organización ha denunciado que las personas con problemas de salud mental son invisibilizadas "muy frecuentemente" por los estereotipos y prejuicios que recaen sobre ellas, así como a la falta de medios.
FALTA DE AVANCES A NIVEL SOCIAL
Por su parte, la asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de SALUD MENTAL ESPAÑA, Irene Muñoz Escandell, ha expresado que la PAD permite a la persona determinar "cómo quiere, llegado el caso, ser atendida a nivel sanitario cuando se encuentre en una circunstancia en la que no pueda manifestar su voluntad personalmente, y hacerlo en un documento que cuente con todas las garantías para que sea válido y eficaz en el contexto de un modelo de relación asistencial basado en la dignidad, autonomía e independencia de la persona, que favorezca el diálogo con los y las profesionales".
Tras ello, ha recalcado la necesidad de lograr un "cambio del modelo de atención a la salud mental para que esa expresa anticipación de la voluntad sea vinculante en la práctica para los y las profesionales responsables de tomar decisiones sanitarias", de forma que se cree un modelo "de decisiones compartidas, solo posible desde un enfoque comunitario, humanista y de Derechos Humanos".
Sin embargo, ha reconocido que existen obstáculos para lograrlo, pues "el desarrollo legislativo ha ido por delante de la realidad sociológica", y es que el estigma sigue contribuyendo a la "pervivencia de patrones de conducta todavía propios de un sistema médico o rehabilitador".
El organismo también ha pedido que los equipos profesionales de atención a la salud mental faciliten información comprensible y suficiente a la persona y su familia, tanto acerca del posible diagnóstico, como de la intervención psicoterapéutica, el tratamiento farmacológico si es necesario, los recursos de apoyo, los derechos o las alternativas existentes, y que su trato sea lo más individualizado posible.
Por último, Salud Mental España ha recordado que estas personas pueden denunciar vulneraciones a través de la página web 'www.observatorioderechossaludmental.org', habilitada específicamente para ello, y donde se puede consultar información sobre Derechos Humanos en el ámbito de la discapacidad, de forma que la persona conozca si está sufriendo algún tipo de vulneración debido a su problema de salud mental.