MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La solicitud de los talibán para tener voz ante Naciones Unidas pone a la organización ante una tesitura que en principio no implicará cambios en el corto plazo, en la medida en que la propia ONU reconoce en sus estatutos que el reconocimiento de un nuevo Gobierno compete "exclusivamente" a otros países y no a la organización en sí.
Afganistán forma parte de la ONU desde 1946, pero los recientes cambios políticos han generado un vacío de poder y representación. La agenda difundida por la organización sobre los líderes que tomarán la palabra en la Asamblea General esta semana no incluía hasta este miércoles el nombre de ningún representante afgano.
El martes, sin embargo, estaba presente en la sala el embajador nombrado por el Gobierno del depuesto Ashraf Ghani, que asistió 'in situ' al discurso de líderes como el estadounidense Joe Biden.
Los talibán han solicitado en una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que se permita al ministro de Exteriores de su nuevo régimen, Amir Jan Muttaqi, participar en el actual periodo de sesiones de la Asamblea General, que comenzó el martes.
También han propuesto el nombre de un futuro embajador ante la ONU, el de Suhail Shahin, uno de los principales portavoces del grupo, con vistas a pasar página también en la escena internacional al Gobierno de Ghani, según la agencia de noticias Bloomberg.
La premura de la solicitud para participar en el debate general de la Asamblea hace prácticamente inviable que, en caso de ser autorizado, un talibán vaya a participar presencial o telemáticamente en el principal foro político de la organización, pero pone a la comunidad internacional de nuevo ante el dilema del estatus que debe concederse al actual régimen afgano.
Aunque la mayoría de los gobiernos han esquivado el reconocimiento formal, sí parece haber un consenso en cuanto a la necesidad de hablar con los talibán. Varios representantes de la ONU han viajado en las últimas semanas a Kabul para tratar directamente con ellos y garantizar que la ayuda sigue llegando, el último de ellos el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, esta misma semana.
La ONU, sin embargo, no funciona a efectos prácticos como un Gobierno y recuerda en su página web que el reconocimiento de un nuevo Estado o administración compete exclusivamente a otros países, asumiendo que "generalmente" este aval implica el establecimiento de relaciones diplomáticas.
Como organización, sin embargo, sí debe decidir cuándo admite a nuevos miembros o acepta las credenciales de los representantes de un nuevo Gobierno, un trámite rutinario en la amplia mayoría de los traspasos de poder, especialmente cuando se trata de países democráticos y con elecciones libres.
En cada periodo de sesiones, como el que está ahora mismo en marcha, la Asamblea examina habitualmente las credenciales de todos los representantes, a través de la Comisión de Verificación de Poderes, compuesta por nueve miembros. A este grupo es el que se ha remitido la petición de los talibán de tomar la palabra en el foro ya en marcha.
Sin embargo, las dudas sobre quién debe representar al país en cuestión se dirimen en última instancia por una mayoría de votos de la Asamblea General, como explica la propia organización.
INCORPORACIÓN DE UN NUEVO MIEMBRO
El procedimiento reservado habitualmente para la incorporación de nuevos miembros comienza con la presentación de una solicitud ante el secretario general de la ONU, junto a una carta en la que el Gobierno o el país en cuestión se compromete por escrito a aceptar las obligaciones recogidas en la Carta de Naciones Unidas.
El primer trámite de cara a potenciales disensos sería el Consejo de Seguridad, al que compete examinar todas las recomendaciones para la admisión. En el principal órgano ejecutivo de la ONU, el solicitante debe contar con el voto a favor de al menos nueve de los 15 miembros y siempre y cuando ninguno de los miembros con asiento permanente --Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido-- vote en contra.
Si el Consejo da su visto bueno, la pelota pasa al tejado de la Asamblea General, que debe dirimir en última instancia la incorporación de un nuevo Estado. En este punto, donde ya toman la palabra todos los países, es necesaria una mayoría de dos tercios.