MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado "enérgicamente" la "ocupación" de las oficinas de esta institución en Managua y ha expresado su preocupación por la vulneración de la inviolabilidad y protección de las misiones diplomáticas tras la ruptura de relaciones del Gobierno de Daniel Ortega.
"Saludamos la resolución para que Nicaragua restituya a la OEA el uso de los locales incautados. Nunca, ni en los peores momentos de nuestra historia, sucedió algo similar con ninguna de las oficinas de la OEA que son comunes a todos los Estados americanos", ha indicado su secretario general, Luis Almagro, en su perfil oficial de Twitter.
Así, la organización, en su escrito de resolución, ha deplorado "la violación de la inviolabilidad de los archivos de la organización" y ha insistido en que "se respete plenamente la inmunidad de sus bienes" en Nicaragua.
"El Gobierno de Nicaragua es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales (...) exige que se restituya inmediatamente a la organización el uso de los locales incautados", ha agregado.
Según ha informado el diario 'La Prensa', la resolución ha sido votada por 29 Estados miembro, con las abstenciones de Honduras, El Salvador, San Vicente y Granadinas, así como la ausencia de Bolivia y la implicada, Nicaragua.
Las autoridades nicaragüenses ordenaron a finales de abril de la retirada de sus representantes ante la OEA y el cierre de la sede en Managua de una organización cuya actividad consideran "calamitosa, truculenta y mentirosa", vinculada al "imperialismo yanqui", según el Ministerio de Exteriores.
Para la oficina que dirige Luis Almagro se trata de "una violación de las más elementales normas internacionales". Así, recordó que aunque Nicaragua haya denunciado la Carta de la OEA, su salida sólo sería posible a finales del año 2023.
Después de los comicios celebrados el 7 de noviembre de 2021, entre acusaciones de fraude y críticas por la represión del Gobierno a la oposición, la OEA aprobó una resolución en la que declaraba "ilegítimas" las elecciones, dejando en evidencia la división política en el continente.
Según la resolución, las elecciones presidenciales en Nicaragua "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática". El documento afirmaba, además, que las autoridades de Nicaragua ignorado todas las recomendaciones de la organización.