MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado este jueves los supuestos actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas y defensores de los Derechos Humanos.
El organismo ha recalcado que estos hechos "constituyen una injerencia arbitraria en la vida personal", reclamando una investigación que garantice la rendición de cuentas por parte de los responsables.
El representante de la oficina, Jan Jarab, ha expresado su "profunda preocupación" por las denuncias en este sentido, recalcando la gravedad de la vigilancia digital a estas personas.
Asimismo, ha dicho que el uso de estas herramientas de vigilancia por parte de las autoridades "debe estar sometido a estrictos controles para evitar su utilización ilegal e indebida".
El lunes, varias organizaciones pro Derechos Humanos, de periodistas y activistas anticorrupción denunciaran al Gobierno por emplear contra la población, en especial a los investigadores de la masacre de 43 estudiantes 'normalistas' en Ayotzinapa y varios prestigiosos reporteros, un programa de espionaje adquirido para investigar a criminales y terroristas.
Según la investigación revelada por 'The New York Times', al menos tres agencias federales mexicanas se han gastado, desde 2011, casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí, un software conocido como Pegasus se infiltra en teléfonos móviles a través de "mensajes fantasma" y por los que acaban interviniendo llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, calendarios e incluso las cámaras de los aparatos.
Aunque la fabricante del software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva bajo condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales, decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno.
En respuesta, el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró el martes que no existe espionaje contra periodistas, activistas ni ONG en el país, reclamando que se denuncie cualquier caso sospechoso.
El mismo martes, el exconsultor de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) Edward Snowden ha publicado un mensaje en castellano en la red social Twitter respecto a la polémica.
"No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público", ha indicado, adjuntando un enlace con el artículo del citado diario.
Este supuesto espionaje contraviene la ley mexicana, que estipula que solo un juez federal puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran motivos de peso para esta solicitud.
Fuentes del Gobierno mexicano se han defendido y argumentan que solo se ha recabado información de "sospechosos legítimos" y conforme a la legislación.
"Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia", ha señalado un funcionario.
A pesar de las múltiples denuncias, el software Pegasus no deja rastros del 'hacker' que lo ha usado, así que no existen pruebas determinantes contra el Gobierno mexicano.
Sin embargo, los expertos citados por 'The New York Times' han llegado a la conclusión de que se trata de las autoridades porque el software sí deja ver en qué momento actúa sobre el objetivo.
A ello hay que añadir que NSO Group considera muy poco probable que otra persona al margen de las autoridades haya conseguido el programa, que se vende específicamente a las agencias del Gobierno.