MÉXICO DF, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Un informe sobre la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de 'normalistas' de Ayotzinapa en 2014 en la localidad mexicana de Iguala denuncia anomalías "graves" en la investigación tales como torturas a los sospechosos, contradicciones en documentos firmados por peritos e investigadores e irregularidades fehacientes como la ruptura de la cadena de custodia o manipulación de escenarios de delitos.
El informe de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de César Chávez fue desechado oficialmente a pesar de que demostraba estas irregularidades. Sin embargo, ahora el documento está en manos de el diario 'El Universal', que ha publicado su contenido.
Este documento es un elemento más que cuestiona la versión oficial de las autoridades, que sostiene que fueron miembros de la organización criminal Guerreros Unidos los que asesinaron a los estudiantes en un vertedero de la localidad de Cocula, quemaron sus cuerpos y después los arrojaron en bolsas al río San Juan.
En particular, el informe constata traslados ilegales y torturas a las que fue sometido uno de los sospechosos, Agustín García Reyes, alias 'El Chereje', detenido "de manera ilegal y arbitraria" y llevado en helicóptero el 28 de octubre al río San Juan para que señalara unas bolsas bajo amenazas. En esas bolsas es donde supuestamente estaban las cenizas de los estudiantes, por lo que sirvió como prueba pese a no estar acompañado García Reyes por su abogado, como obliga la ley mexicana.
Además, tras la detención de García Reyes se elaboró un informe médico de Marina --institución que lo detuvo-- en el que no se destaca ninguna anomalía y apenas once horas después otro informe constata la presencia de 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de sangre seca. La visitaduría constata además otras "retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho" de testigos e implicados.
INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
Tras la publicación del informe en 'El Universal, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha convocado de inmediato a los responsables del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la PGR, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal.
Fuentes del Gobierno federal han reconocido que existe la posibilidad de que la investigación de la PGR sea recurrida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos.
Los familiares de los 43 'normalistas' desaparecidos han reaccionado también a la publicación de este informe y han advertido del riesgo de que los responsables queden impunes.
"Hoy 'El Universal' publicó acerca de que Osorio Chong ha recibido un informe de que la mayoría de los detenidos recibieron tortura y malos tratos y que se encuentra en riesgo esa línea de investigación al grado de que los detenidos pueden obtener su libertad", ha apuntado un portavoz de los familiares, Vidulfo Rosales.
Para Rosales, es una prueba de "las inconsistencias de la línea de investigación del basurero de Cocula, pero eso también da la razón a los padres de familia de la necesidad de avanzar, de mantener abiertas, de ahondar y de profundizar en las cuatro líneas de investigación que estamos exigiendo, de lo contrario la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros quedará en la total impunidad".
CASO IGUALA
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres murieron en durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.
Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.