MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de México, Alejandro Gertz, ha afirmado este martes que no han encontrado por el momento indicios de que en el Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, y utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación existan hornos crematorios clandestinos.
"Primero mandamos hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos", ha señalado en una rueda de prensa.
Gertz ha defendido así que el rancho era "un centro de reanudación de operaciones y de capacitación". "Algunos restos humanos están muy fraccionados. Son pequeños cuencos donde se hayan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver", ha dicho.
No obstante, ha reconocido que algunos huesos tienen "huellas de algún tipo de cremación". "Lo que estamos haciendo con la tierra y las construcciones es mandarlo a los laboratorios de la Universidad Nacional para que se establezca con toda precisión la antigüedad de esos restos", ha agregado.
El fiscal general también ha informado de que hay 15 detenidos que ya fueron detenidos por otros delitos vinculados con la delincuencia organizada. "Hay una buena cantidad de información que vamos a tener en el curso de esta y la próxima semana", ha indicado.
El cártel reclutaba a jóvenes con falsas ofertas de empleo que divulgaban principalmente en redes sociales. Durante un mes, estos jóvenes permanecían incomunicados mientras recibían formación física y de manejo de armas en el Rancho Izaguirre.
El colectivo Guerreros Buscadores encontró en el lugar lotes de restos óseos fragmentados y con indicios de exposición térmica. El grupo criminal, además de calcinar los restos de sus víctimas, los ocultaba bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra.
El caso ha reabierto el debate en México sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran miles de jóvenes y la capacidad de reclutamiento que siguen ostentando los cárteles, así como la poca capacidad de las autoridades para detectar estas prácticas.