MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de ley que busca indultar a los manifestantes detenidos en el estallido social de octubre de 2019 en Chile ha pasado este miércoles al Senado tras ser aprobado en la Comisión de Constitución del mismo.
Tras ocho sesiones, la comisión ha aprobado la iniciativa, que señala a la concesión del indulto general "por razones humanitarias" a los arrestados en las protestas, con tres votos a favor y dos en contra, según ha informado el Senado chileno en su perfil de Twitter.
En concreto, los tres apoyos han sido de los senadores de la oposición Francisco Huenchumilla, del partido Democracia Cristiana; Alfonso de Urresti, del Partido Socialista, y el independiente Pedro Araya, mientras los oficialistas Luz Ebensperger, de Unión Demócrata Independiente, y Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional, han rechazado la propuesta, informa el medio chileno 'La Tercera'.
Ahora, el proyecto de ley, que ya había obtenido el respaldo de las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad, ha avanzado y será votado en el pleno del Senado.
Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, ha mostrado su rechazo al avance de la medida y ha dicho que "no corresponde inmiscuirse en facultades que son propias de los tribunales de Justicia".
"Nos resulta inexplicable que senadores hayan apoyado este proyecto de ley que busca la impunidad de quienes cometieron delitos graves como el lanzamiento de bombas molotov contra personas", ha expresado.
Galli ha aseverado que esos senadores tendrán que "explicar" a las víctimas de los presuntos "delitos" de los detenidos, entre ellas "esas carabineras a las que quemaron la cara, por qué van a quedar impunes".
En caso de obtener el apoyo necesario en el Senado, la norma pasará a la Cámara de Diputados chilena.
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad. Las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Carta Magna, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet, que cayó en 1990.
El Gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones, no escuchó las demandas de los ciudadanos en un primer momento, mientras el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente los Carabineros, ha sido criticado por posibles excesos cometidos en sus intervenciones.
Finalmente, las protestas, que se sostuvieron hasta marzo de 2020, lograron la celebración de un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución y para determinar el mecanismo para dicho proceso. Un 79 por ciento voto 'sí' a la nueva Constitución redactada por una convención constituyente.