LA PAZ, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Bolivia ha anunciado que llevará el caso de los nueve funcionarios detenidos en Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde quiere denunciar lo que considera una agresión por parte del Ejecutivo de Michelle Bachelet.
El ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, ha asegurado que esta situación supone una "preocupación" para los bolivianos y "una agresión al Derecho Internacional". "Vamos a responder por la vía del Derecho", ha anunciado, según recoge el diario 'El Deber'.
Ferreira ha criticado que no no exista reciprocidad por parte del Gobierno de Bachelet, recordando que en otros casos fue Bolivia quien devolvió a Chile a nacionales que habían cruzado de forma ilegal la frontera sin "inconvenientes". Asimismo, ha adelantado que convocará a la Cruz Roja para constatar lo que considera un caso de "tortura" en el momento de la detención de los nueve compatriotas.
Una jueza chilena ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión preventiva de los dos militares y siete empleados de la administración aduanera de Bolivia que fueron detenidos el pasado fin de semana en la frontera común mientras realizaban tareas relacionadas con la lucha contra el contrabando.
Este miércoles se ha celebrado en un juzgado de la localidad chilena de Pozo Almonte la primera audiencia por este caso. La Fiscalía ha acusado a los efectivos bolivianos de contrabando, robo con violencia y porte ilegal de arma fuego.
Esto cargos acarrean hasta diez años de cárcel, una pena elevada que ha motivado a la jueza a dictar prisión preventiva para todos los acusados hasta que concluya la investigación, para lo cual ha dado 120 días de plazo. Mientras, la defensa de los bolivianos apelará la orden de prisión en un plazo de cinco días.
El Gobierno de Evo Morales sostiene que los funcionarios estaban inspeccionando unos camiones chilenos en el lado boliviano de la frontera, porque tenían información de que transportaban mercancía de contrabando, cuando agentes de Carabineros intervinieron y les detuvieron.
La presidenta de Chile ha desmentido esta versión y ha indicado que "las nueve personas detenidas estaban en territorio chileno cometiendo delitos". "Se habían robado uno y querían robarse nueve camiones con productos", dijo en una rueda de prensa.
La semana pasada, ambos países ya tuvieron una crisis porque, según Bolivia, las autoridades chilenas obligaron a retirar la bandera del consulado de Antofagasta, si bien La Moneda sostiene que en realidad no era una oficina consular.
Esta escalada de tensión ha precedido a la entrega de la réplica de La Paz a la memoria de Santiago sobre la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile devuelva a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.
La delegación boliviana completó este trámite procesal el 21 de marzo en La Haya mientras en la nación andina se celebraba una serie de rituales, encabezados por Morales, para garantizar el éxito de la demanda contra Chile.
DISPUTA TERRITORIAL
El conflicto territorial se remonta a 1879, cuando Bolivia perdió su salida al Pacífico en la guerra que mantuvo con Chile, que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sobre el derecho de libre tránsito de mercancías bolivianas hacia y desde puertos en este océano.
Chile asegura que con el acuerdo de paz --que fue ratificado por ambos parlamentos 20 años después-- se establecen las fronteras, también las marítimas, de las naciones combatientes, por lo que no ha lugar a ninguna disputa territorial.
Bolivia argumenta que el acuerdo de paz es "injusto, incumplido e impuesto" y ha rechazado la intangibilidad de los tratados internacionales, recordando que Estados Unidos se avino a superar el firmado en 1903 con Panamá.
En un intento por destrabar el conflicto bilateral, el Gobierno de Morales y el de la también entonces presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmaron en 2006 una agenda de 13 puntos para iniciar las negociaciones sobre la salida marítima para Bolivia.
No obstante, el diálogo nunca llegó a iniciarse, más allá de las reuniones de trabajo, por lo que finalmente el 24 de abril de 2013 el Gobierno boliviano presentó una demanda en la CIJ para exigir su salida al mar a Chile.