BOGOTÁ, 30 Ago. (Notimérica) -
El suroccidente de Colombia, concretamente los departamentos de Nariño y Cauca, ha sido azotado por una oleada de violencia tras ser asesinadas siete personas y producirse el desplazamiento de 45 familias por enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Santa Bárbara de Iscuandé, según alertó este lunes la Defensoría del Pueblo.
El pasado viernes a las cinco de la tarde (hora local) se producía el asesinato del líder indígena Awá Camilo Roberto Taicus Bisbicus, del resguardo Hojal la Turbia del municipio de Tumaco, Nariño, el cual fue abordado y asesinado a disparos por dos hombres en una motocicleta. Este homicidio ha sido denunciado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Tal y como recogió 'Bluradio', el hombre de 50 años de edad venía apoyando desde hacía 26 años la consolidación del proceso político de la Unidad Indígena del Pueblo Awá.
También fueron hallados los cuerpos sin vida de tres indígenas más: las dos últimas muertes reportadas fueron las de los hermanos Alberto y Luciano Pascal García, también pertenecientes a la comunidad indígena Awá.
Los hechos tuvieron lugar cuando ambos se dirigían hacia el resguardo Palanga. Uno de los hermanos murió en el lugar donde fueron atacados y el otro, en cambio, falleció de camino al Hospital San Andrés de Tumaco, según informó 'El Espectador'.
Además del asesinato de los hermanos Pascal García se produjo el del también indígena Diego Alfredo Chirán Nastacuas, que fue interceptado por un vehículo en el corregimiento El Diviso, desde donde lo llevaron al municipio de Barbacoa, lugar en el que le dispararon hasta en siete ocasiones.
Por otra parte, en lo que respecta a lo ocurrido en el departamento del Cauca, en el municipio de Almaguer, se conocía este lunes el asesinato de los campesinos Nereo Meneses, Marco Meneses y Ariel Sotelo, los cuales fueron abordados por un retén de seis hombres armados y sin identificar cuando se dirigían al mercado Yacunas.
Ante lo ocurrido la ONIC manifestó que "estos hechos que desarmonizan el territorio Awá y al movimiento indígena, demuestran que la violencia y la guerra están lejos de desaparecer en estos tiempos de la búsqueda de la paz".
"La ONIC condena y rechaza el accionar de los grupos armados en esta coyuntura de paz para el país. La consolidación de la paz responde al cumplimiento de acuerdos y garantías de la salvaguarda de la integridad física y cultural de los pueblos Indígenas; si no hay paz para los indígenas no habrá paz para los colombianos", apuntó el comunicado de la organización.
La Defensoría también condenó "estas expresiones inaceptables de violencia selectiva y solicita a las autoridades competentes adelantar con urgencia las investigaciones necesarias para aclarar la autoría de las mismas, así como adoptar las medidas a que haya lugar para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos".
Al panorama de criminalidad en la región se sumaron las agravantes condiciones sociales afectadas por el desplazamiento de los combates con el ELN, a lo que también se añadió el paro de trabajadores en el Centro de Salud, viéndose afectada la atención de los usuarios, según informó la radio colombiana 'Santa Fe'.
Sin embargo, por intermediación de este organismo humanitario y junto a la Secretaría de Salud y Personería, en las últimas horas se logró un compromiso para garantizar la asistencia en el servicio de urgencias que también benefició a los desplazados, entre los cuales se encontraba una madre embarazada que registró complicaciones al huir de las hostilidades.