BUENOS AIRES 20 Ago. (Mario Poliak) -
La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra el Estado argentino, esta vez por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, ocurrida en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a raíz de lo cual el país ya había sido condenado a pagar 320 millones de dólares.
Se trata de un laudo de 2019 del tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La empresa Titan Consortium, dueña de los derechos de litigio, acudió a una corte de Washington a conseguir el aval para asegurarse el pago.
Un tribunal del distrito de Columbia le dio la razón al litigante y convalidó la sentencia del organismo dependiente del Banco Mundial.
La línea de bandera fue nacionalizada cuando estaba en manos de empresas vinculadas al grupo español Marsans, luego de haber pasado por manos de la compañía estatal Iberia.
Marsans vendió los derechos de litigio a Burford Capital, el mismo fondo "buitre" inglés -un bufete especializado en juicios multimillonarios por expropiaciones-, que litigó por YPF. Este, a su vez, lo traspasó a Titan Consortium.
Como el Ciadi no tiene poder para forzar el cobro de las sentencias, en caso de que la vía del diálogo entre el Estado deudor y la compañía no prospere, se abre la posibilidad del reclamo en los tribunales.
Se espera que el Estado argentino apele la decisión de la corte estadounidense, aunque más no sea con el fin de ganar tiempo debido a la aguda escasez de reservas de la que padece.
Titan tiene la potestad de pedir el embargo de activos argentinos en el exterior, pero esa medida es difícil que prospere, ya que el país casi no tiene bienes embargables.
Tampoco es fácil el embargo de aviones de Aerolíneas, ya que, entre otras razones, la causa es contra el Estado argentino, y no contra la empresa.
La Justicia de Nueva York ya falló en contra de Argentina en la causa de YPF, que fuera nacionalizada en 2012 también durante la administración de CFK, aunque en ese caso por un monto sustancialmente mayor, de 16.000 millones de dólares.
El litigio lo llevó adelante el grupo inglés Burford ante un tribunal de Manhattan, a cargo de la jueza Loretta Preska.