BUENOS AIRES, 13 Jun. (Mario Poliak) -
El Gobierno realizó algunas concesiones al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el "corazón" del proyecto de Ley Bases, con las que pudo conseguir los votos necesarios para la aprobación del primer proyecto oficial que sanciona el Congreso.
Según el acuerdo alcanzado, este régimen solo regirá para algunos sectores y habrá un impulso parcial para el "compre nacional", un detalle de cómo los proyectos deberán liquidar exportaciones.
La sesión en el Senado de la Nación (Pablo Bove)
Antes de que comenzaran los discursos de cierre de los jefes de bloque en el debate, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anunció más cambios para la votación en particular del RIGI, para blindar el articulado y evitar derrotas.
La primera modificación apunta al artículo 165: ya no será para "cualquier sector", sino para "foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología" que cumplan con los requisitos previstos.
En tanto, habrá un pequeño guiño extra para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será "como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión", siempre y cuando "la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".
Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.
Otro retoque importante será en el artículo 196 de incentivos cambiarios, que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años y 100% a partir del cuarto año.
Ahora bien, cuando se trate del cobro de exportaciones declaradas como "Exportación Estratégica de Largo Plazo", a efectos de la excepción de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, se estipulan nuevos plazos en los incisos precedentes: 20% luego de transcurrido un año; 40% luego de dos años y 100% luego de tres años.
Otras modificaciones que la oposición intentó introducir al capítulo por fuera de lo previamente acordado por el oficialismo y los dialoguistas, chocaron contra la negativa del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala.
Entre otros puntos, los 30 años de los contratos a inversores extranjeros y la jurisdicción de tribunales internacionales para resolver eventuales disputas, es decir, que toda diferencia recaerá en el CIADI, un tribunal que suele fallar en contra de los intereses del Estado argentino.