BUENOS AIRES 29 Jul. (Mario Poliak) -
La Justicia procesó por "administración fraudulenta" contra la administración pública de los planes sociales a Eduardo Belliboni y una veintena de dirigentes piqueteros, en relación con el dinero entregado por el Estado a través del programa "Potenciar Trabajo".
El juez federal Sebastián Casanello dictó la medida contra Belliboni y sus compañeros del Polo Obrero, quienes fueron indagados en la causa iniciada con los llamados a través de la línea habilitada por el Ministerio de Seguridad para denunciar extorsiones con dichos planes.
Esos fondos habrían sido desviados para fines partidarios y por esa razón el magistrado trabó un embargo por 390 millones de pesos. Según argumentó Casanello, "se aprovechó la política pública para intereses partidarios".
Además de a Belliboni, la medida alcanza a los dirigentes del PO: Mariano Alejandro Centanni; Erica Tamara Lubenfeld; Iván Ortiz y Ezequiel Adrián Coego. Por su parte, María Isolda Dotti y Gianna Puppo también fueron imputadas por "amenazas coactivas" y el resto de las personas recibieron diversas acusaciones.
"Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)", indicó el dictamen de procesamiento.
Agregó que "el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron".
Según Casanello, estos dirigentes, "aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa".
El juez fundamentó su decisión en que se comprobó "el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados... para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos".
Los acusados que declararon en el marco de la causa negaron las acusaciones y aseguraron que se trata de una persecución política del Gobierno hacia las organizaciones sociales.