BUENOS AIRES, 08 Oct. (Mario Poliak) -
Además de las negociaciones que lleva a cabo con el PRO y otros sectores para "blindar" el veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario, que será tratado mañana en Diputados, el Gobierno otorgó por decreto un aumento salarial de 6,8% a los docentes, rechazado por los gremios.
Así lo dio a conocer el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, un día antes del tratamiento legislativo del veto y por el que se volverá a movilizar parte de la comunidad universitaria.
Los sindicatos del personal docente y no docente de esas casas de estudio no aceptaron el incremento y, de hecho, junto a los estudiantes, varias facultades de la UBA comenzaron a ser "tomadas" por estudiantes, docentes y trabajadores. En muchos casos, los profesores dan "clases abiertas" en plena calle como forma de protesta y concientización.
La cartera conducida por Sandra Pettovello comunicó, respecto del aumento, que "esta medida llevará el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público".
En un comunicado difundido hace algunas horas, indicó que "pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional, en línea con el compromiso de priorizar el salario sobre las disputas políticas".
El porcentaje de 6,8 resulta de adicionar un 5,8% al 1% ya establecido para el personal de las universidades nacionales en octubre.
Mientras tanto, el Ejecutivo realiza febriles negociaciones para evitar que el Congreso derribe el veto firmado por el presidente Javier Milei no bien concluyó, la semana pasada, la segunda multitudinaria marcha universitaria contra la administración libertaria.
Ayer, el PRO, que lidera Mauricio Macri, emitió un comunicado en el que expresó su apoyo al oficialismo, sin por ello privarse de lanzar críticas hacia la gestión de La Libertad Avanza.
En tal sentido, recomendó convocar al diálogo "urgente" con los gremios universitarios, además de recomendar la inclusión de los reclamos en el proyecto de Presupuesto 2025.
Para asegurarse de que el veto presidencial salga indemne del debate parlamentario, el oficialismo necesita entre 85 y 87 votos en la cámara baja; es decir, evitar que la oposición consiga los dos tercios para ratificar la ley, aun contra la voluntad oficial. En ese caso, el Gobierno ya amenazó con judicializar el conflicto.