ARGENTINA, 13 Mar (EUROPA PRESS)
En una decisión sin precedentes en Argentina, una jueza ordenó la liberación de más de cien personas detenidas durante las manifestaciones del miércoles cerca del Congreso, donde pensionistas, sindicatos, colectivos izquierdistas y aficionados al fútbol se congregaron para demandar mejoras en las pensiones. La jueza Karina Andrade justificó su fallo argumentando que el derecho a la protesta y a la libertad de expresión son fundamentales y están en juego, según reportes de 'Página 12'.
Andrade rechazó aplicar el trámite de flagrancia debido a la complejidad de los derechos involucrados y afirmó que los jubilados, como uno de los "sectores más vulnerables de nuestra Nación", disfrutan de protección específica. Su dictamen contrasta fuertemente con las declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien afirmó en la plataforma social X que los detenidos podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años bajo la "nueva ley antimafia", señalando el fin de "los aprietes, la extorsión y el negocio del miedo".
Las protestas del miércoles resultaron en choques violentos, con la Policía Argentina deteniendo a más de 120 manifestantes. Además, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que 26 agentes resultaron heridos, uno por bala, y 20 manifestantes terminaron hospitalizados. Entre los afectados se encuentra el fotoperiodista independiente Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave tras sufrir el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza.
Para dispersar a los manifestantes, que respondieron lanzando piedras y adoquines, las fuerzas de seguridad emplearon balas de goma, gas pimienta y gas lacrimógeno. Los enfrentamientos incluyeron la quema de contenedores y la erección de barricadas en las calles de la capital, como documentó el diario 'Clarín'. Este evento subraya la creciente tensión en Argentina en torno a los derechos de protesta y la libertad de expresión, en un contexto de demandas sociales.