BUENOS AIRES, 22 Oct. (Mario Poliak) -
El Gobierno anunció la disolución de la AFIP y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, medida que implicará la reducción de 34 por ciento de cargos públicos y más de 3 mil empleados serán pasados a disponibilidad.
Los trabajadores que quedarían en la calle o, en su defecto, serían trasladados, habían ingresado entre 2020 y 2023, es decir, durante la gestión de Alberto Fernández y de los ministros de Economía Martín Guzmán y Sergio Massa.
Según indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, este ajuste equivaldrá a un ahorro cercano a los 6.400 millones de pesos al año.
"El Gobierno les anuncia muy felizmente que a partir de hoy la AFIP dejará de existir. En su lugar se va crear la Agencia de Regulación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores y un 35% los niveles inferiores de la estructura actual", señaló el portavoz oficial.
Según agregó, "en total, se eliminará el 34% de los cargos públicos. Se reubicarán y pasarán a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos".
Un posterior comunicado de la Oficina del Presidente destacó que, con esta medida, "el gobierno nacional destruirá los circuitos corruptos, eliminará privilegios del pasado y optimizará la gestión pública".
La decisión oficial busca eliminar cargos con sueldos cuyos montos superan, incluso, al del propio presidente Javier Milei; al de los miembros del Gabinete y a los de los ministros de la Corte Suprema. Esos salarios oscilarían entre los 16 y los 30 millones de pesos, según precisó Adorni.
El total de puestos a eliminar son, exactamente, 3.155 correspondientes a personas que se incorporaron durante la última administración.
UPS-AFIP, uno de los gremios que agrupa a los empleados del organismo, rechazó el anuncio: "No dejaremos que se vulneren los derechos de los trabajadores", indicó en un comunicado.
También advirtió que "no serán toleradas las desvinculaciones en base el origen político" de los agentes, si bien aclaró no tener "objeciones" en cuanto a la reducción de altos cargos.