BUENOS AIRES, 24 Jul. (Mario Poliak) -
Amnistía Internacional (AI) alertó por el recrudecimiento de lo que calificó como "ataques a la libertad de expresión" en Argentina, a través de una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La nota fue extensiva también a las relatorías especiales de defensores de derechos humanos y en ella la delegación local de AI advirtió que, en lo que lleva la gestión del presidente Javier Milei, "cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación".
La directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski, señaló que "el actual gobierno lleva pocos meses de gestión; sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de Derecho".
Según el organismo, la red X "se convirtió en la herramienta preferida del Gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: 'mentirosos', 'ensobrados', 'idiotas', 'agresivos', 'despreciables', 'imbéciles' son algunos de los calificativos e insultos elegidos", recordó AI.
Entre los casos más renombrados, mencionaron los de Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O'Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá y Marcelo Longobardi.
También señalaron que el Gobierno le negó la renovación de la acreditación en la Casa Rosada a la periodista Silvia Mercado. Al respecto, advirtió sobre el anuncio del vocero Manuel Adorni de dictar nuevos lineamientos en el desempeño de los acreditados.
Tras agregarle al problema la cuestión de género, Amnistía aseveró que "esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas".
"Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información", alertó el documento.
Además, agregó que "la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad", resaltó.
En tal sentido, consideró "urgente" que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo".